psoemaria-754458.jpgPara inaugurar este espacio, nada como un extenso y clarificador (o no) repaso a cómo los socialistas hemos enfrentado la cuestión del cannabis a lo largo de la historia reciente. Una demostración, al fin, de la necesidad de sostener un discurso coherente frente a los ciudadanos. No queremos, no obstante, ser especialmente incisivos en la crítica, al menos en esta primera entrada. La hemeroteca resulta bastante cruel de por sí:

Dejaremos expresamente atrás los 80, cuando creamos el Plan Nacional sobre Drogas a la vez que convocávamos al disfrute lisérgico, y que merecen un comentario aparte (y lo tendrán), para incidir en los años posteriores, cuando abrazamos -ya sin ambages- la doctrina que dimanaba de los EEUU, y promulgamos la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, tristemente conocida como‘Ley Corcuera’. Como digo, esos años 80 requieren de un análisis concreto: la mala gestión del fenómeno de la expansión del consumo de heroína, y sus consecuencias (problemas sanitarios, delincuencia, alarma social), acabaron con un experimento de tolerancia que nos podría haber dejado muy cerca del modelo holandés. Tuvimos la ocasión, en su momento las ganas … y la mayoría absoluta.

Tras un Debate sobre el Estado de la Nación que hubiera hecho las delicias del propio Anslinger, la ley fue aprobada. Eran otros tiempos, y el miedo a la nación yonki hizo estragos. Como siempre y ante cualquier amenaza de agresión al Estado, la primera baja fué la libertad; de la mano, por qué no decirlo, de la verdad.

file-746202.jpgDesde ese momento, PSOE y PP abordaron políticas esencialmente idénticas en materia de drogas (baste recordar aquella ‘guerra de bandos’ a finales de los 80, entre alcaldes del PP y el PSOE, a ver quién imponía la sanción más bestia por tenencia y consumo). Con una sutil diferencia: entre nuestras filas, aparecieron voces disidentes, que no hacían sino traslucir el sentir de una parte del partido que se sentía incómoda ante lo que no era, desde luego, una política progresista. De todas aquellas voces, debemos destacar la de Carlos López Riaño, por entonces Delegado del Gobierno para el PNSD, animando al debate sobre la legalización del cannabis (fíjense que dije debate), que tuvo su respuesta por parte de la vigilante oposición, y una enérgica desautorización por parte de dos ministros socialistas.

El PSOE acusó la presión de los alcaldes conservadores, de los toques de atención de la ONU y de parte de sus bases. En la primavera de 1990, Julián García Vargas, por entonces ministro de Sanidad, declararía que consideraba “razonable” sancionar el consumo de drogas en público [El País, 10/4/90], algo que suponía para José Mª Mohedano, un propósito “bueno y oportuno” [El Sol, 30/4/91]. Meses más tarde era el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Francisco Granados, quien manifestaba, refiriéndose al rifi-rafe de alcaldes citado, que “Los bandos sobre la droga constituyen el soporte de un cambio legislativo” [El País, 11/11/90, Valencia]. Y vaya si lo fue. Como guinda, y en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 1991, el presidente González declaraba tajante: “Hay que sancionar el consumo público de drogas” [El País, 24/5/91]. Comenzaban a soplar malos vientos para los consumidores y usuarios de cannabis.

cacheo-797855.jpgAntes de la Navidad de 1990, el Gobierno había comenzado a preparar el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana. En su tramitación, el PSOE se enfrentaría a la práctica totalidad del arco parlamentario y a buena parte de la opinión pública (anda, como el PP ahora). Como nos cuenta Juan Cárlos Usó: El polémico anteproyecto fue objeto de críticas por parte de juristas (tanto abogados como fiscales, jueces, magistrados y penalistas), policías (Sindicato Unificado de Policía, Unión Federal de Policía y Sindicato Profesional de Policía), sindicatos como la Unión General de Trabajadores y la Confederación General del Trabajo, colectivos feministas, asociaciones antidrogas, formaciones políticas como el Partido Popular, Izquierda Unida, Centro Democrático y Social, Iniciativa per Catalunya, Euskadiko Ezquerra e, incluso, las propias Juventudes Socialistas. También se creó la plataforma «Ciudadanos y ciudadanas por las libertades», promovida por políticos, intelectuales y escritores, con el fin de encauzar el creciente movimiento de protesta contra la ley que contaba con apoyos de distintos sectores sociales.

La ley fue afortunadamente matizada en su redacción original gracias a la presión de Justicia y parte de la Ejecutiva de entonces. Con todo, tras ser aprobada, el PP presentó recurso de inconstitucionalidad contra cuatro artículos. Finalmente, el Tribunal Constitucional, declaró inconstitucional el artículo que facultaba la entrada de agentes de policía a domicilios particulares sin el requisito del mandamiento judicial -la ‘patada en la puerta’-, y parte del otros artículos. Aquello, y la indudable presión social, forzaron la dimisión de José Luis Corcuera.

acebes-782079.jpgPerdimos las elecciones y, tras un período de cierta tibieza en las actitudes, una mágica mutación se fue produciendo en nuestro discurso: propuestas de cambios legislativos, dos votaciones en el Congreso exigiendo la modificación de la Ley Corcuera, declaraciones que suenan a música, y reacción ante el evidente pastel que representaba la política policial del PP, con el ministro Acebes a la cabeza. Él fue el responsable del infame Informe Acebes, elaborado para justificar un aumento de la represión sobre consumidores, publicaciones y comercios.

En 2004 ganamos de nuevo, con este programa, pero no hemos sido capaces de ponerlo en práctica. Hasta el punto de que las sanciones por tenencia y cultivo han superado en un 24,5% a las del ejecutivo conservador, y el discurso oficial ha tomado la rancia orientación represivo-terapeutista de antaño.

Las razones de este nuevo volantazo, y su posible enmienda, en próximas entregas.

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana:

“El Capítulo IV establece un régimen sancionador (…) comprendiéndose específicamente entre las infracciones graves el consumo en lugares públicos y la tenencia ilícita de drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, las cuales podrán ser sancionadas, además, con la suspensión del permiso de conducir de vehículos de motor hasta tres meses (…)”

“Artículo 25

1. Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo.”

Esta entrada se colgó el Sábado, Febrero 10th, 2007 at 17:39 y está archivada en Historia. Suscríbete a los comentarios RSS 2.0 feed. Puedes dejar un comentario, o enlazar desde tu web.